#A11GrebaOrokorra Goizeko piketeak
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Piquete en wl poligono de Landaben bajo la atenta mirada de la Policía Nacional.
Una manifestación ha recordado hoy en Iruñea que se cumplen diez años de la muerte de Elhadji, fallecido tras una detención violenta por parte de agentes de la Policía Nacional. Tras los hechos, se intentó criminalizar a la víctima y justificar la actuación policial, mientras la investigación exculpó a los agentes y atribuyó su muerte a causas naturales.
Han recordado también que la muerte de Elhadji no es un caso aislado, sino que se enmarca en unas prácticas de violencia y represión que afectan especialmente a las personas migrantes y racializadas. En este contexto, señalan también la reciente muerte de Babacar Welle en Hondarribia por disparos de la Policía Municipal, como ejemplo de una violencia que considera vinculada al racismo institucional.
Diez años después, seguimos exigiendo justicia para Elhadji y para todas las personas fallecidas bajo custodia o por actuaciones de las fuerzas policiales y militares. Se ha hecho un llamamiento a la organización colectiva, antifascista y antirracista para denunciar el racismo y hacer frente al auge de la extrema derecha.
"Seguimos exigiendo justicia diez años después y seguiremos haciéndolo mientras no se depuren responsabilidades y estas situaciones continúen produciéndose en nuestras calles".
Elhadji gogoan!
Las 507 familias residentes en viviendas de Testa Residencial, filial del fondo de inversión Blackstone, han anunciado que permanecerán en sus hogares y continuarán luchando contra las amenazas de desahucio. Así lo han reivindicado en una manifestación que ha recorrido Iruñea desde la plaza de Baluarte hasta la plaza del Castillo.
Las familias, residentes en los barrios de Etxabakoitz, Buztintxuri, Artica, San Jorge y Rochapea, recuerdan que muchas llevan más de 25 años viviendo en estas viviendas y han pagado más de 150.000 euros en alquiler. Además, denuncian que los inmuebles se construyeron con financiación pública, aunque actualmente están en manos privadas.
Ante esta situación, reclaman al Gobierno de Nafarroa que frene las amenazas de desahucio, expropie las viviendas y asuma su titularidad y gestión, garantizando contratos de alquiler indefinidos y precios adaptados a la realidad económica actual.
Durante el acto también se ha criticado el recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley Foral de Vivienda, aprobada en junio. Esta reforma busca impedir que las viviendas protegidas destinadas al alquiler pasen al mercado libre y mantener la calificación protegida de 2.248 inmuebles.
Por su parte, LAB ha responsabilizado a las políticas de vivienda de las últimas décadas de la situación actual y ha exigido al Gobierno de Nafarroa que expropie las viviendas para frenar la especulación. El sindicato ha advertido de que las movilizaciones continuarán y ha llamado a participar en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.
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