Peruanos y peruanas residentes en Nafarroa, se han concentrado hoy en Iruñea para denunciar el “golpe de estado” en Perú. También han querido denunciar el asesinato de dos jovenes y las decenas de heridos por la represión policial contra las protestas en Lima.
Los y las peruanos se manifiestan desde el pasado lunes contra la destitución de Vizcarra, no porque defiendan al presidente —a quien la Fiscalía investiga por la recepción de sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua—, sino porque consideran que los grupos políticos que promovieron su salida del Ejecutivo y la investidura de Manuel Merino como nuevo Jefe de Estado, buscaban hacerse con la presidencia para defender intereses particulares.
Los y las manifestantes, hartas de la corrupción y las maniobras políticas, denuncian un 'golpe de Estado' y califican a Merino de “usurpador” y “golpista”.
El miedo a la pandemia no ha evitado que la población explote, harta de la corrupción y de lo que consideran maniobras de los políticos para mantenerse el poder y repartirse los cargos.

Llamamientos desde Iruñea a reforzar la solidaridad con el pueblo saharaui y a implicarse en la resolución del conflicto.
Iruñea ha acogido hoy una muestra de solidaridad con el pueblo saharaui. Convocados por grupos de solidaridad, cientos de personas se han concentrado en la Plaza del Castillo, donde ha habido una amplia representación de la comunidad saharaui. Insisten en que no han buscado la guerra, pero quieren dejar claro que están dispuestos a defender sus derechos a través de las armas.

Tras el ataque del ejercito marroqui al campamento civil en Guergerat, al sur del sahara occidental. Rompiendo así el alto el fuego vigente desde 1991.
El ejercito popular saharaui responde con contundencia. Ha prendido la guerra de liberación en el Sahara Occidental.
La solidaridad de todxs es imprescindible. Rompamos el colonialismo marroqui y el silencio de los gobiernos.

Piden una reforma fiscal “verdadera”, una fiscalidad progresiva y la eliminación de los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades. Denuncian que la falta de inspectores es “no tomarse en serio” la lucha contra el fraude fiscal y que el plan Reactivar Navarra no es otra cosa que una copia del Plan Moderna de UPN.

¿Qué pasa con aquellos menores que residen en Gazólaz? Todavía no sabemos qué va a pasar con ellos pero ya nos avisan de que se cierra. ¿Van a optar a recursos donde se cubran sus necesidades o van a ser incluidos en aquellos centros donde haya plazas sin atender a la valoración profesional?. En este caso, ¿Van a dar por finalizado de manera anticipada el proceso de otros menores para disponer de plazas?. Si ya no están viniendo menores migrantes y ese ARE no es necesario, ¿por qué no se reconvierte en uno común? ¿Por qué despedir a 20 trabajadoras cualificadas y formadas si existe escasez de plantillas en la atención residencial a menores en Navarra? ¿Por qué no recolocarlas? ¿Es esta la forma de tratar a las profesionales de intervención social?

Toda esta situación supone un recorte brutal del Gobierno, quedando relegadas a un segundo plano las necesidades de los y las menores de Navarra y de las personas que trabajan en el sector de la intervención social, sector maltratado históricamente, que actualmente está en lucha por un Convenio sectorial digno de intervención social.

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